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viernes, 3 de marzo de 2017

Los Estados Latinoamericanos frente a la Protesta Social


Hoy, diez organizaciones de derechos humanos de ocho países -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela- presentamos una publicación conjunta que refleja nuestra preocupación por las políticas que fomentan una respuesta estatal violenta a la protesta social. Muestra que el derecho a la manifestación está amenazado tanto por las prácticas históricas de reprimir y perseguir judicialmente a los manifestantes y líderes sociales, como por nuevas tendencias que recrudecen este panorama e incluyen la criminalización de acciones de protesta a través de reformas normativas y legislativas.
La publicación está centrada en cuatro ejes: las restricciones legales y administrativas a las manifestaciones públicas, la represión y el uso de la fuerza, la criminalización de la protesta y la impunidad de la violencia policial. Se profundiza en temas vinculados con los conflictos de tierra y territorio, la intervención de las fuerzas armadas en la protesta social, la falta de investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones y el impacto de las leyes antiterroristas. También se analizan la violencia policial contras las mujeres y los habitantes de las zonas rurales y las prácticas estatales racistas.

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